Los Golpistas bolivianos se crecen, e insultan a Argentina, a México, a España.. y al sentido común…

En su día como colectivo Güeligaites ya nos pronunciamos contra el GOLPE de estado en Bolivia:

http://gueligaites.org/?p=1162

Ahora, tenemos una «matriz de opinión» que procede de USA en la que los golpistas exigen unos derechos que ellos no respetan.

En apariencia el Golpe “va bien”, ha logrado la mayoría de sus objetivos, y de paso se ha cargado de momento la buena racha de la economía boliviana. Y sobremanera ha tenido antes, durante y después el explícito apoyo de Trump, sin cuya colaboración habría sido imposible asaltar el poder, y colocar al partido minoritario en funciones de gobierno.

De esa premisa habría que partir para entender sus exabruptos contra países más grandes e influyentes y sus autoridades. Como Argentina, que en este tiempo de Golpe ha cambiado de Presidente y de sesgo para acompañar o no las barbaridades golpistas en Bolivia. Por ello tal vez los ataques contra periodistas y delegaciones de ddhh de Argentina hayan sido más agresivos, más voraces, y se hayan efectuado con mayor saña, teniendo que salir del país varios canales informativos, y siendo vapuleada una de las delegaciones de verificación a las violaciones a los ddhh, particularmente cuando esta delegación y otras se reunieron con las víctimas y los familiares de los asesinados por los golpistas en Sacaba y Senkata.

O como los Estados Unidos Mexicanos, cuya acción decisiva logró salvar la vida del Presidente, vicepresidente y ministra cuando estaban siendo asediados en el Chapare, con un jefe de policía que decía en público que no tenía ninguna orden (¿de quien?) contra ellos, y unas fuerzas de choque fascistas que únicamente fueron detenidas en su accionar por los sindicalistas del trópico de Cochabamba.

Los golpistas designaron para México un atrevido golpista como Tuto Quiroga, el delfín del dictador Hugo Banzer, y éste, crecido, ha tenido que avergonzar a todas y todos los bolivianos, menos a los fascistas, al insultar groseramente en directo al Presidente López Obrador en su propio territorio.

Y ahora, precisamente en la legación mexicana en la Paz, se ha producido otro choque diplomático, y constatamos con sorpresa como medios asturianos reproducen la versión golpista, y se colocan (tan patriotas ellos) contra la diplomacia universal, los derechos reconocidos, y la obligación de proteger a las víctimas del golpe de estado en Bolivia.

Alguna de esas versiones es tan chusca que llega a adjudicar la represión y los asesinados por la represión de los golpistas al defenestrado presidente Evo Morales, contradiciendo la verdad documentada por la Defensoría del Pueblo boliviana y las delegaciones de la CIDH o la de las Madres de la Plaza de Mayo.

Un intento torpísimo de construir un relato favorable a los golpistas, y favorecer sus planes de meter presos a las legítimas autoridades bolivianas para justificar su violencia, la destrucción de casas y alcaldías, el secuestro y la humillación de la alcaldesa de Vinto, la represión en el Alto, en Cochabamba, en Potosí, en el Plan 3000, en Sucre..

Mientras tanto la embajada de México en Bolivia ha confirmado, incluyendo fotos y videos, que el cerco policiaco de los golpistas se mantiene en los alrededores de la Residencia Oficial de México en La Paz e incluye el empleo de drones para vigilar lo que ocurre al interior del inmueble.

Por redes sociales se puede ver también a un grupo de choque de los golpistas en los alrededores, sin que la policía les niegue su peligrosa presencia.

En medio del contencioso están las vidas de 9 altos cargos del gobierno obligado a dimitir por los golpistas: el exgobernador de Oruro y exministros y viceministros a los que México dio asilo en los primeros días de la asonada y el gobierno golpista se niega a dar salvaconductos.

Las noticias de similar matriz favorables a los golpistas bolivianos y contrarias a los hechos del asedio y hostigamiento a la legación mexicana se incrementaron desde que las autoridades mexicanas dieron a conocer tres días atrás su formulación ante la Corte Internacional de Justicia de solicitud de medidas cautelares para que cese cuanto antes el asedio a las sedes diplomáticas de México en la capital boliviana.

La Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia, integrado entre otros por Juan Grabois y Leonardo Pérez Esquivel, hijo del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, denunció que el nuevo gobierno, liderado por la senadora Jeanine Áñez e instaurado tras la salida del poder del presidente Evo Morales perpetró delitos de lesa humanidad. En concreto denunciaron «la naturaleza sistemática de estas violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de estado«, por lo que la Delegación «considera que encuadran en la categoría de crímenes de lesa humanidad».

Un resumen del informe de la delegación:

Masacres perpetradas contra población civil:

Sacaba (Cochabamba) con al menos seis muertos, centenares de heridos y detenciones arbitrarias tras el accionar de las Fuerzas Armadas.

Senkata (Ciudad del Alto) con al menos nueve muertos, personas desaparecidas, centenares de heridos y detenciones arbitrarias, consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas.

Desaparición forzada de personas

«Situaciones de desapariciones forzadas de personas a lo que se suma una cantidad importante de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales pero cuyos familiares no han podido contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado información respecto de su paradero».

Torturas, violaciones y delitos sexuales

«Situaciones de tortura en espacios públicos y dependencias estatales. Asimismo, constatamos diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad». «El miedo está instalado y los sucesos son muy recientes, lo que inhibe las acciones de denuncia por parte de la población».

Ataques contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares

«Una cantidad significativa de ataques contra funcionarios públicos y sus familiares por parte de grupos de choque con métodos de amedrentamiento que incluyeron la destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas de familiares, humillación pública y linchamientos. «Las situaciones relevadas indican la habilitación de “zonas liberadas” para la actuación de grupos parapoliciales. Destacan los relatos que actuó como principal grupo de choque la Unión Juvenil Cruceñista».

Persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales

«Irrupción y destrucción de casas particulares, particularmente en la zona del Alto y Chapare, realizadas por Fuerzas Armadas, con el objeto de capturar a diversos dirigentes sociales, sindicales, indígenas y campesinos. Además de la persecución, todos estos grupos han visto afectados sus derechos más elementales».

Confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la defensa

«Numerosos militantes y dirigentes políticos, así como funcionarios del gobierno derrocado, que se encuentran detenidos, carecen de toda garantía procesal. En particular, se les ha negado el derecho a la defensa tanto particular como pública. En ese sentido, los defensores públicos han manifestado su temor a asumir dichas defensas».

Represión de manifestaciones públicas

«Diversos casos de represión por parte de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas con uso absolutamente desproporcionado de violencia. Los relatos y evidencias recogidas describen el uso indiscriminado de armas de fuego, gases lacrimógenos, disparos desde helicópteros, ráfagas de disparos desde vehículos militares y golpizas a manifestantes dispersados por la fuerza. Miles de personas fueron encarceladas en forma arbitraria y criminalizadas a partir de procedimientos policiales fraguados, y procesados por sedición y terrorismo».

Restricción manifiesta de la libertad de prensa

«Medios locales han referido haber sido víctimas de hostigamientos, amenazas y restricciones a la necesaria libertad para ejercer su profesión. La prensa internacional también ha sido víctima de hostigamientos y acoso. Especial gravedad reviste para esta delegación el caso del periodista argentino Sebastián Moro».

Promoción del racismo y los discursos de odio

«Hemos constatado la utilización de discursos racistas y de odio, por parte de representantes del gobierno de facto, para descalificar a dirigentes opositores y de movimientos sociales. Se han verificado prácticas discriminatorias y estigmatizadoras sobre las víctimas de la represión. Son significativas, además, otras formas de violencia simbólica, por ejemplo, la destrucción de emblemas de los pueblos originarios como la bandera wiphala».

Negación de salvoconductos para perseguidos políticos con pedidos de refugio aceptados por los países de recepción

«Hemos verificado que en diversas embajadas y delegaciones consulares se encuentran personas perseguidas por el gobierno de facto a quienes se les han negado las garantías necesarias para poder salir del país».

Inacción y encubrimiento del poder judicial

«El poder judicial se encuentra sometido al gobierno de facto. Víctimas y familiares fueron coaccionados para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales como condición para poder ser atendidos. Hemos constatado una situación de impedimento absoluto del acceso a la justicia».

Hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales

«Esta delegación pudo constatar, en su propia experiencia, el hostigamiento que han padecido diversos grupos de derechos humanos. En particular, nuestra delegación fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los pasajeros y sometida un interrogatorio en un lugar aislado, con presencia policial y militar, en una práctica totalmente inusual respecto de los controles migratorios habituales».

Por su parte la CIDH pidió una investigación internacional por violaciones de derechos humanos en Bolivia y emitió 16 recomendaciones, en un informe en el que el organismo se refiere al «excesivo uso de la fuerza» en las operaciones conjuntas de las fuerzas de seguridad, así como al decreto que eximía de responsabilidad penal a los militares.

Masacres de manifestantes

Como ejemplos de la actuación desmedida de los uniformados en contra de civiles, cataloga como masacres las muertes ocurridas en Sacaba, Cochabamba, del 15 de noviembre, y en Senkata, en El Alto, del 19 de noviembre, en las cuales fallecieron al menos 18 personas durante un operativo militar y policial. Además se refiere a las muertes registradas el 11 de noviembre en la Zona Sur – Pedregal del municipio de La Paz.

Por ello, recuerda que los «actos de violencia» de ninguna manera «pueden quedar amparados por ningún tipo de amnistía o exención de responsabilidad para los agentes del Estado».

Hasta el 27 de noviembre, la comitiva de la CIDH contabiliza 36 personas fallecidas y más de 800 heridos en Bolivia en medio de las protestas.

Las peticiones de la CIDH

Entre las 16 peticiones está el respeto y la garantía del derecho a la protesta, la libertad de expresión y la actuación de los cuerpos de seguridad apegada a los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza.

De igual modo, se recomienda «suspender el despliegue masivo de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía por las calles» y «cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas».

Sobre las denuncias de detenciones arbitrarias, se exhorta a «realizar una revisión legal independiente» de todas las imputaciones durante las protestas y liberar a quienes estén detenidos de forma injustificada.

Además, se pide desmantelar los grupos armados violentos y establecer un plan de atención y reparación a las víctimas.

En cuanto al personal diplomático asilado en las embajadas de México y Argentina, se pide entregarles salvoconductos para que puedan obtener asilo y refugio.

Finalmente, se solicita el compromiso de instalar un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Bolivia.

Pero, pese a que la CIDH está adscrita a la OEA, el gobierno golpista ha negado este Informe suave.

En Asturias, al menos los Aytos de Langreo, Castrillón y Corvera se han pronunciado explícitamente contra el golpe de estado en Bolivia, así como la Coordinadora asturiana de ONGd, y numerosas organizaciones y personas han participado en Concentraciones de rechazo en la plaza 6 de agosto en Xixón y frente al Teatro Campoamor en Oviedo.

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