Emigrar para sobrevivir.

Según una reciente encuesta efectuada en el Principado de Asturias, «un 95,8% de la población depende de la sanidad pública para hacer frente a sus problemas médicos, si bien un 6,3% dispone de un seguro médico privado concertado individualmente, y un 2,7% tiene póliza de empresa.

«El 90% de los habitantes del Principado asegura no haber precisado en el último año asistencia médica privada como consecuencia de la demora en las listas de espera, frente a un 8% que sostiene que sí lo ha hecho»

«Los servicios sanitarios públicos gozan de buena aceptación:el 85% de los usuarios de la red de atención primaria, el 72% de los que acuden a consultas hospitalarias y el 66% de los ingresados valoran el trato recibido».

La sanidad pública se financia de los impuesto que pagamos los contribuyentes. Y pueden acceder a ella todos los ciudadanos que residan en España. La sanidad pública iguala a todos los ciudadanos independientemente del nivel socio-económico de cada uno. Defenderla, vigilarla y mejorarla es tarea de todos/as.

Pero también algo se está haciendo mal:

“Como mi tío, hay más enfermos que si quieren agarrarse a la vida tienen que emigrar a otras comunidades autónomas”

Hace unos días, un periódico regional daba esta noticia:

“Un minero prejubilado abandonó Asturias en busca de una Comunidad Autónoma que le pague el tratamiento para frenar el cáncer que comenzó en su hígado y que en las últimas semanas se ha extendido a otros órganos”.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) le ha remitido una comunicación en la que le notifica que no abonará el coste del Regorafenib, la única terapia a la que puede recurrir después de haber fracasado el ensayo clínico en el que participó en Navarra y el Nexavar, el nombre comercial del genérico Sorafenib, con el que le habían estado tratando en el Hospital Universitario de Asturias (HUCA). El diario sigue relatando que el minero prejubilado “sigue tomando el tratamiento que fracasó. Señala que es mejor que no hacer nada, que sentarse a esperar cómo evoluciona. ‘Mal no me va a hacer’, reconoce con cierta resignación”. “Le diagnosticaron el tumor hace más de un año. El ensayo clínico de Navarra, su primera esperanza, no funcionó. El segundo, en el HUCA, consiguió tener la enfermedad parada más de medio año. Pero, el pasado 13 de noviembre, la oncóloga le trasladó malas noticias. Había vuelto a crecer y lo hacía con rapidez. Había una opción, el Regorafenib. El informe médico deja claro que esa es la alternativa terapéutica. Pero no es un medicamento autorizado por el Sespa. La petición expresa que trasladó a la Comisión del Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, por sus siglas (Curmp) no surtió ningún efecto. La respuesta fue la esperada: denegado. ‘No me han dicho por qué pero supongo que es porque resulta muy caro’, lamenta”.

La Consejería de Sanidad asegura que “nunca se deja a ningún paciente sin fármacos” y que, “si por motivos clínicos” no puede recibir la medicación que se propone, entonces siempre se le ofrece una alternativa. “El criterio nunca es económico. Siempre es médico”. También ha señalado que “hasta el miércoles 27 de noviembre la omisión del Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios (Curmp) no había recibido ninguna petición para autorizar el tratamiento del paciente”

El minero “muestra la carta firmada por el gerente del área sanitaria IV y, por tanto, gerente también del HUCA, Luís Hevia, está fechada el 20 de noviembre, y responde a un escrito presentado por el propio paciente el 24 de noviembre, al día siguiente de que su oncóloga le comunicara que el tumor estaba creciendo a gran ritmo y que se había extendido a otros órganos”.

La polémica sobre que el Principado prohibe el uso de fármacos caros, no es nueva. En los primeros meses del 2013, un parlamentario de la oposición señalaba que «el Hospital Central está denegando las terapias con Ipilimumab, un medicamento para enfermos con cáncer de piel y cuyo coste por paciente ronda los 60.000 euros, y el acetato de Abiraterona, una hormona que se emplea en determinados tumores de próstata y en la que el precio de la terapia puede oscilar entre 48.000 y 72.000 euros anuales». Esta acusación fue desmentida por el gobierno asturiano: «No es cierto que haya restricciones en los tratamientos oncológicos». «En el Principado, todos los enfermos de cáncer o de cualquier otra patología tienen la cartera de servicios garantizada»

«En Asturias pacientes con cáncer de próstata, con melanoma o con cáncer de páncreas tienen problemas para recibir medicamentos aprobados y financiados en el Sistema Nacional de Salud», advirtió un diputado del Principado -añadiendo-, «Esto ha obligado a los pacientes a emigrar a otras comunidades autónomas, a recurrir a la medicina privada, a acudir a la fiscalía por denegación de auxilio, o a dejarse morir resignadamente»

En diciembre del 2018, una familia de Valdés que luchaba por acceder a un tratamiento contra el cáncer en la sanidad pública asturiana anunció que, tras una tercera petición, el Comité del Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, autorizó el fármaco a la paciente luarquesa. El oncólogo de cabecera del HUCA, cursó dos veces la petición del fármaco, pero fue denegado en ambas ocasiones. «Finalmente, ha merecido la pena picar en todas las puertas y dar visibilidad al caso». Un día después de hacer público el caso, fuentes de la Consejería de Sanidad aclararon que las decisiones para estos casos eran estrictamente «clínicas». Semanas después, el comité asesor cambio de criterio.

Observando la acontecido en los últimos años, al parecer, los fármacos contra el cáncer están a libre disposición de la Comisión del Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, compuesta por 15 miembros, de los cuales, solo hay 4 médicos clínicos y de ellos solo uno es especialista en oncología. La disponibilidad de los fármacos dependerá de «como se pique según a que puertas», y las veces que sea preciso para obtener el producto curativo.

Defender la Sanidad Pública de todos, también es denunciar estas arbitrariedades, que de ser ciertas, los responsables ya tardan en renunciar a sus cargos.

«Los medicamentos son esenciales para la salud y para la supervivencia de las personas. Promover el acceso a estos significa respeto al derecho a la vida, la garantía de poder disfrutar de los beneficios de los avances tecnológicos y el reconocimiento del valor de la salud humana»

«Somos el paraíso natural, pero estamos en el «top ten» del cáncer en España, ocupando el cuarto puesto. Ustedes, señorías, deberían tomar nota de esto». Respuesta de un jefe de oncología a la pregunta sobre la relación entre actividad industrial y cáncer, de un parlamentario del Principado

En la región se declaran 6.000 nuevos cánceres al año.


La Voz de Asturias

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